INTELECTUALES Y EXPERTOS [1] .

 

ANTONIO ALMENDRAS GALLARDO [2] .

 

 

Y Néstor, caballero gerenio, les arengó diciendo: “¡OH rey! No dejes de pensar tú mismo y sigue también los consejos que nosotros te damos… Agrupa a los hombres … por tribu y familias, para que una tribu ayude a otra tribu y una familia a otra familia. Si así lo hicieres y te obedecieren los aqueos, sabrás pronto cuáles jefes y soldados son cobardes y cuáles valerosos, pues pelearan distintamente, y conocerás si no puedes tomar la ciudad por la voluntad de los dioses o por cobardía de tus hombres y su impericia en la guerra”.

Y respondiendo, el rey Agamenón le dijo: “De nuevo, oh anciano, superas en el ágora a los aqueos todos. Ojalá ¡Padre Zeus, Atenea, Apolo! Tuviera yo entre los aqueos diez consejeros semejantes”.

 

La Iliada.

Canto II.

 

 

Llama profundamente la atención que al iniciarse la década del ’90 en el siglo pasado, la figura del “experto” se encuentra instalada como actor gravitante en posiciones de poder en el aparato del Estado, en la mayoría de las democracias latinoamericanas. Impresiona que hayan logrado imponer paradigmas de conducción económica aplicando programas de ajuste estructural “recomendados” por los organismos internacionales (FMI y BM) gracias al éxito en el nivel académico de las fórmulas neoclásicas de análisis y comprensión de los fenómenos económicos. La eclosión de la teoría de elección racional como matriz epistémico-teórica para entender todo tipo de fenómenos sociales [3] , entregando orientaciones metodológicas sobre el comportamiento de los actores económicos, permite entender el carácter de paradigma económico dominante que ella conquistó, extrapolando incluso dichas orientaciones a todas las dimensiones de la vida social.

 

¿Cómo los expertos han sido capaces de empoderarse ganado posiciones en las altas esferas gubernamentales y desplazando a la figura del intelectual, que durante mucho tiempo fue escuchada, consultada y respetada?

 

Sabemos que desde que el mundo es mundo, los nexos entre saber y poder, entre conocimiento y política, entre intelectuales y decidores, entre expertos y políticas públicas, han pasado por todas las modulaciones imaginables de la grandeza o de las miserias humanas, y se requiere mucha prudencia antes de reclamar novedad en asunto tan trajinado. En este ámbito, la relación entre conocimiento [4] y poder político forma parte de las cuestiones debatidas con mayor fuerza por las últimas tendencias de las ciencias sociales y las humanidades. La creciente complejidad de los mecanismos de “gobernabilidad” [5] y la interdependencia de éstos con las labores de asesoría que desempeñan los entes denominados “think tanks” [6] , es uno de los fenómenos de mayor relevancia en la esfera de las políticas públicas. Situados entre la ciencia social académica y la educación superior, por un lado, y el gobierno y la política de partidos, por el otro, los grupos de expertos constituyen, hoy por hoy, un punto central bien concreto para explorar el cambiante papel del experto político durante las últimas décadas.

 

Por otra parte, los intelectuales y sus diversas academias han sido objeto de especulación utópica desde la Antigüedad , y las relaciones entre los asesores ilustrados y los gobernantes han seguido siendo temas centrales en las historias políticas, las biografías y la literatura especializada sobre el arte de gobernar. Sin embargo, los modernos expertos en política y sus centros de investigación han atraído mucho menos atención. Los grupos de expertos son en gran medida un invento del siglo XX, pero el intelectual que trabaja en las sombras del poder ha tenido un papel importante en la vida política durante más de dos milenios. El asesoramiento político comenzó en Occidente con los príncipes jóvenes, quienes eran preparados desde muy pequeños para sus futuras tareas de liderazgo. La lista es extensa, por ejemplo: Aristóteles, “El Estagirita”, fue tutor del joven Alejandro; Séneca, le enseñó a Nerón; al despuntar los tiempos modernos Thomas Hobbes se ocupó de la educación del joven príncipe de Gales que se convertiría en Carlos II y el cardenal Mazarino sacó tiempo de sus innumerables tareas para vigilar la formación de Luis XIV, el futuro “Rey Sol”. Nicolás Maquiavelo, se remitió a su experiencia en el gobierno florentino para escribir su “opus magnum” que ha servido como manual práctico para muchas generaciones de aspirantes a políticos. El Príncipe, el ejemplo más notable del género, también estaba pensado para ayudar a que progresara la carrera de Maquiavelo, atrayendo la atención de un potencial nuevo patrón. Si bien su cortejo de Lorenzo de Médici no tuvo éxito, el breve tratado de Maquiavelo sobre la virtud y la necesidad revoluciono la teoría y la práctica de la política. También manchó para siempre la reputación del asesor político, al poner demasiado en evidencia que el conocimiento estaba más ansioso por servir al poder, y dispuesto a hacerlo, que orientado hacia fines morales más altruistas.

 

He aquí dos términos que parecen caracterizar polos de un segmento definidos por contaminaciones recíprocas. El uso moderno del primero reconoce su origen en una coyuntura histórica y un espacio nacional particular: el affaire Dreyfus en la Francia finisecular. Este es el episodio más emblemático, que nos remite a las circunstancias históricas que sustantivaron el término “intellectuels”. Se trata de un acto legitimador y el modelo de la intervención de los intelectuales en los asuntos públicos, en el que se vio involucrado Emile Zola, el 18 de enero de 1898; al publicar su famoso artículo “Yo acuso” carta abierta a Felix Faure, presidente de la República Francesa, en L’ Aurore, diario parisino, consagrando así el partido de los intelectuales, a favor del capitán Dreyfus ^[7] , condenado y degradado por la justicia militar francesa por espionaje, proceso que velaba las posiciones antisemita del Estado Mayor francés.

                        El manifiesto de Zola - el primero de una larga serie – abrió el camino a la rehabilitación del capitán degradado. Le siguió la publicación el 15 de enero en el periódico Le Temps de una petición que estaba firmada por hombres de letras, universitarios, médicos, abogados, estudiantes, críticos y estudiosos quienes exigían la revisión del proceso Dreyfus. Entre los firmantes se encuentran los nombres de Marcel Proust, Daniel Halévy, Anatole France, Emile Durkheim, Claude Monet y Lucien Herr, entre otros.

Todo parece indicar que la idea del título del manifiesto publicado en la primera página de L’ Aurore, se debe a Clemenceau, a la sazón, director del diario, quien algunos días más tarde escribió. “¿No constituyen una señal todos estos intelectuales, procedentes de todos los rincones del horizonte, que se agrupan en torno a una idea y se mantienen inquebrantables a ella?” Clemenceau no había inventado el término. La palabra intelectual aparece en 1821 de la pluma de Saint-Simon, quien: “Invita a los intelectuales positivos a unirse y a combinar sus fuerzas para proceder a un ataque general y definitivo contra los prejuicios, comenzando por la organización del sistema industrial”. Sin embargo fue a finales del siglo XIX, durante el caso Dreyfus, cuando la palabra intelectual se vuelve de uso corriente. El uso público del término provocó inmediatamente una mordaz respuesta en la prensa nacionalista por parte de M. Barrès ^[8] ; a la polémica contra los intelectuales se unían, algún tiempo después, también los más grandes exponentes del sindicalismo revolucionario de la época, como G. Sorel y E. Berth. Recibido con desconfianza en los diccionarios, y considerado a menudo como voz jergal y despreciativa, el término intelectual, conservaba todavía el sentido político que tenía por el hecho de haber sido acuñado, como si fuera un nombre de batalla, en el conflicto que puso frente  a frente a conservadores y progresistas en torno al affaire Dreyfus. Aún en la actualidad, señalarse a sí mismo o a los demás como intelectual, no designa en efecto, únicamente una condición social y profesional sino que se sobreentiende una elección polémica de ubicación y de alineamiento, la insatisfacción por una cultura que no es capaz de convertirse también en política, o por una política que no quiere entender las razones de la cultura.

                        El rol de liderazgo de los intelectuales (tanto de izquierda como de derecha) en el caso Dreyfus sentó un precedente que sirvió de base para todos los momentos políticamente dramáticos de la historia del siglo XX. Aún más, los precedentes establecidos por Zola, Barrés y otros, no sólo tienen una dimensión moral (el comportamiento del intelectual y el uso de su fama, posición privilegiada y elocuencia deben estar al servicio de una causa), sino también estratégica (cómo el compromiso de los intelectuales puede favorecer una causa o contribuir a un movimiento). [9]

                        Historizando el término vemos que en L’ ancien régime et la revolución (1865), Tocqueville sostiene que la politización de los intelectuales nace de su falta de experiencia práctica y de su amor a las ideas generales, que los hacen indulgentes con el extremismo simplificador y apriorista, enemigos máximos de una correcta conducción de los asuntos públicos y de la libertad política. Da la impresión que el sentido implícito de esta argumentación es que los intelectuales sólo pueden tener una función negativa en la política, exaltando a la muchedumbre con sus simplificaciones y abriendo el camino al despotismo. Deben retornar pues a las letras, dejando la política a una clase de gobierno experta y por consiguiente capaz.

                        A partir de entonces la palabra “intelectual” ha servido para designar a aquellos individuos que reclaman como fundamento de legitimidad para sus intervenciones públicas una forma de pensamiento crítico, independiente de los poderes y sustentada en el uso de la razón.

                        El término experto, en cambio posee una historia bastante más corta, típicamente del siglo XX. Aunque individuos caracterizados como expertos han existido desde mucho antes, la utilización del término se generalizó particularmente luego de la segunda posguerra bajo el influjo de las ciencias sociales norteamericanas. Los expertos modernos suelen ser los técnicos, los especialistas que trabajan en y para el Estado, y más recientemente para las ONG, y los organismos internacionales.

Si la figura del intelectual nos remite a un tipo de formación general, que puede o no tener a la universidad como ámbito principal de acción, la figura del experto evoca especialización y entrenamiento académico. En su acción pública, el primero dice anteponer un conjunto de valores y un tipo de sensibilidad; el segundo, al contrario, actúa en nombre de la técnica [10] y de la ciencia, reclamando hacer de la neutralidad axiológica la base para la búsqueda del bien común.

En la actualidad, los expertos ejercen una función plenamente institucionalizada y suelen situarse en dos bandos definidos según estén:

1º como miembros asesores o funcionarios de la administración de turno, esto es, formando parte de la esfera de planificación de estrategias e influyendo en la esfera de ejecución de decisiones como policy makers, o

2º  como cuadros de la oposición afanados en criticar las acciones emprendidas por el gobierno y trayendo a colación continuamente las extraordinarias políticas que ellos podrían ejecutar si fueran gobierno.

En ambos casos, se valen de un instrumento sumamente eficaz para conseguir su objetivo de influir en la opinión pública, de la mano del denominado “cuarto poder”, a saber, los medios de comunicación de masas, a través de los cuales canalizan sus ideas, cristalizadas en orientaciones políticas que esperan sean bien recibidas por la sociedad civil.

El asesoramiento de nuestra época ya no está arraigado en la educación temprana, tampoco se basa en contundentes reflexiones históricas, admoniciones morales o amplios principios sobre el arte de manejar el Estado. Asesorar, hoy en día, es tarea de cuadros de especialistas e implica ayudar a los funcionarios a trazar opciones políticas, a tomar decisiones particulares y articular los motivos de sus elecciones. Por cierto, ahora es una función plenamente institucionalizada, tanto dentro del gobierno cuanto en las organizaciones de investigación que funcionan fuera de él. Las instituciones de asesoramiento han crecido por buenos motivos. Las decisiones que toman los funcionarios elegidos - tanto cuanto las opciones que hacen los ciudadanos cuando votan - exigen más conocimiento que nunca. Y las formas en que la sociedad organiza el conocimiento y lo pone al servicio del público son de importancia vital.

La identidad de intelectuales y expertos, está basada en buena medida en los contrastes que los propios individuos interesados en consagrar esas categorías establecen entre ellas.

Varios ejemplos pueden ser citados en relación con nuestra región: América latina. Uno es el de los fundadores de la moderna sociología [11] , que en un mismo movimiento construían una disciplina científica autónoma, formaban técnicos al servicio del Estado y descalificaban a las tradiciones intelectuales anteriores como “pre - científica”. La suya, nos dice Guillermo O’Donnell, fue la primera generación de científicos sociales graduada y profesionalizada pero claramente encaminada a la sociología y, en menor medida, a la ciencia política. [12] Razones había de sobra para explicarlo. La primera, el hecho que la sociología era la disciplina más antigua y mejor desarrollada teórica y metodológicamente, pero también por que los que él llama Founding Fathers eran todos sociólogos renombrados e influyentes, como Florestán Fernándes, Gino Germani, Pablo González Casanova y José Medina Echavarría. Lo social y la política serían desde entonces consustanciales a las ciencias sociales y a los académicos latinoamericanos. 

Como lo señala el propio O’Donnell, fue gracias a la inmigración que muchos científicos sociales, en particular los que pertenecieron a aquella primera generación profesional, tuvieron contacto con líderes del campo académico como Juan Linz, Giovanni Sartori, Philippe Schmitter, Alfred Stepan, Alain Touraine, etc. Que al margen de sus preferencias políticas desarrollaron un pensamiento abierto a las técnicas, métodos y teorías que se orientaban a la explicación objetiva. En ese contexto los científicos sociales se propusieron temas novedosos, sin duda propios de la realidad social y política latinoamericana. Si bien hubo influencias de izquierda, éstas no cancelaron las discusiones creativas y el avance del pensamiento sociopolítico. Los temas de la dependencia, el empresariado latinoamericano, la intervención estatal en las economías de mercado, el populismo como fenómeno histórico, el autoritarismo y más tarde los nuevos movimientos sociales (nms), las preferencias y comportamientos electorales y las transiciones  a la democracia, lograron imponerse, y, a la postre, arrojar luz sobre la realidad latinoamericana.

Una historia moderna, reconocería su punto de quiebre en los comienzos de la constitución de las ciencias sociales como disciplinas autónomas y su articulación con las necesidades del Estado burocrático y racional, las exigencias de los  mercados capitalistas, y las expectativas de justicia de nuevos actores sociales. Pensemos por ejemplo, en los casos de Saint-Simon, Comte o Durkeim en Francia, o la fundación de la London School of Economics para el caso británico, o la labor de Max. Weber y Gustav Schmoller en los trabajos de la renovada Verein fúr Socialpolitik (1873), algo que en el lenguaje de nuestra época consideraríamos un think tank. [13]

Pero la historia contemporánea en la relación entre lo que comienza a definirse más claramente como conocimiento especializado (expertise), de un lado, y como política pública (public policy), del otro, no empieza a escribirse en sus nuevos términos hasta el período que va entre la crisis de los años treinta y el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en buena medida habrá que esperar hasta la crisis de los años setenta, y a la reconfiguración de las relaciones estructurales entre Estado, mercado y sociedad civil en el marco del proceso globalizador, para que vuelvan a replantearse en ese renovado contexto las complejas relaciones entre estas esferas.

En esta larga historia de encuentros y desencuentros entre el mundo del saber y la política las sociedades occidentales actuales le fueron incorporando sus propias características, y también sus propias tensiones. Entre las más destacadas como ha señalado Lewis A. Coser [14] , hay que anotar el hecho de que el vasto proceso de burocratización de la vida social ha llevado a que la “productividad cultural  - que alguna vez pudo haber sido asunto de artesanías – se racionaliza de manera que la producción de ideas se parece, en los aspectos principales, a la producción de otros bienes económicos”. Simultáneamente, el lugar que detentaba el intelectual de tipo “generalista” es paulatinamente ocupado por el “experto”, dotado de un dominio técnico sobre un campo del saber, y capaz de orientarlo a la solución de problemas concretos de elaboración de políticas. [15] En el mismo sentido, la vinculación entre los especialistas y la política se opera cada vez más al interior de redes de asuntos (issue networks) [16] , que conectan agencias de gobierno, centros de investigación, fundaciones privadas, organismos multilaterales, universidades, empresas patrocinadoras de proyectos, y otras organizaciones complejas, que dejan poco espacio a la figura declinante del intelectual “independiente”.

Hacia la década del cuarenta del siglo anterior, comienzan a anudarse dos complejos procesos, cada uno de ellos con sus propias temporalidades y dinámicas, que contribuirán a definir los términos de la relación entre conocimiento especializado y política durante las tres décadas siguientes. Por un lado, asistimos a la emergencia de un Estado que se ubica crecientemente en el “centro” de la sociedad, tanto como regulador de la esfera económica como promotor de la integración social, y que será un creciente demandante de expertos y técnicos para cumplir las cada vez más diferenciadas tareas propias de su condición de Walfare State; por otro lado, las disciplinas científicas en general, y las ciencias sociales en particular, experimentaran desde aquellos días un marcado proceso de desarrollo teórico-metodológico, de diversificación y especialización institucional, y de profesionalización de sus cuadros, en el marco de una sostenida modernización y expansión universitaria en gran medida sostenida por fondos públicos.

Poco a poco fue haciéndose manifiesto que era necesario revisar los problemas de la articulación entre conocimiento especializado y elaboración de políticas públicas. En esta línea, el actual interés por el estudio de la problemática es fruto, por un lado, del nuevo papel que cumple el conocimiento experto y las organizaciones productoras de expertise en el marco de las transformaciones globales entre estado, mercado y sociedad civil; y, por otro, de la autorreflexión crítica de los propios especialistas acerca de los usos y la influencia real del conocimiento científico en la toma de decisiones.

No es raro que interpretaciones sociológicas respecto de la producción del conocimiento sobre la sociedad definan los vínculos entre intelectual y experto a través del lenguaje de la polución. La principal limitación de buena parte de esas interpretaciones se debe a que los analistas parecen compartir con sus objetos un mismo interés por la dicotomía, clasificando autores y grupos en categorías que no siempre son distinguibles empíricamente. Más recientemente, la generalización de un uso mecánico de categorías como autonomía o campo revela, igualmente un problema: al incorporar los valores de los sujetos estudiados, como valores del analista, éste deja pasar la posibilidad de comprender las acciones y las ideas de estos últimos. De esta manera, categorías de análisis tienden a mezclarse con categorías de identificación. Para algunas de estas visiones, los vínculos entre intelectuales y expertos, lejos de ser productivos, indicarían más bien la existencia de un problema originado en la crisis del modelo de modernidad que dio origen, precisamente a los primeros. El experto sería el que, sin la visión global y comprometida del intelectual, lo reemplazaría a caballo de la posmodernidad de la cual el intelectual, junto con la noción de subjetividad y las dimensiones de lo nacional y lo social, sería víctima.

                        Pero si el intelectual comprometido y crítico, el que podía tomar a la sociedad toda como su objeto de reflexión, es una especie en vías de extinción o. en el mejor de los casos, estaría condenado [17] a convertirse en un mero intérprete del mundo multicultural en que nos ha tocado vivir, entonces ¿cómo se produce el conocimiento sobre la sociedad en estas condiciones? ¿cuáles serían las condiciones de posibilidad y los agentes productores de este conocimiento?

                        ¿Dónde y cómo se genera el conocimiento social? Dos perspectivas de análisis contribuyen de modo sustancial a dar cuenta de esta pregunta. Una es la inspirada por Pierre Bourdieu, que fija su atención en la construcción de campos de producción de conocimiento con lógicas internas específicas. Estas serían, a la vez, homólogas y autónomas respecto de otros campos de la vida social. La historia de los distintos campos, en sus contextos nacionales específicos, estaría vinculada al proceso de autonomización de los campos, lo que incluye, de modo específicamente estratégico, la creación de instancias de validación y de reproducción propias.

                       

Algunos autores han discutido ya la rentabilidad de la noción de “autonomización” para comprender la producción de conocimiento en contextos sociales como los de los países periféricos, donde las fronteras entre los campos han sido históricamente mucho más borrosas que en los llamados países centrales y, sobre todo, que en Francia, espacio social y cultural para el cual Bourdieau construyó su modelo  de análisis.

Por otra parte, es preciso constatar que los avances en la producción de saberes sobre la sociedad muchas veces provienen de factores que son exteriores a la lógica interna de cada campo de conocimiento, lo que nos lleva a la segunda de las tradiciones, definida por el título de un libro ya clásico que nos exhorta a  Traer de nuevo al Estado al centro del análisis [18] . Los autores de ese volumen muestran que la constitución de las ciencias sociales son procesos fuertemente vinculados al desarrollo de necesidades y demandas del Estado rápidamente modernizado y burocratizado de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX. Según su perspectiva, el motor de la producción de conocimiento social debería buscarse en las necesidades de una burocracia estatal en expansión, principalmente dedicada a la elaboración e implementación de políticas sociales.

 

                                    Todo este escenario otorga gran relevancia a la necesidad de abordar nuevamente la cuestión del rol de los expertos en la toma de decisiones. La gran ola de tematización ocurrida en las décadas de los ’60 y ‘70 del siglo pasado, requiere ser revisitada. Hoy la pregunta pertinente ya no es si acaso el conocimiento experto es síntoma de un nuevo tipo de sociedad de corte postindustrial (Bell) [19] o las razones por las que pudo ser compatible con regímenes autoritarios, reconceptualizados como Estados Burocráticos Autoritarios (O’Donnell) [20] . Hoy es urgente tematizar y profundizar, densificando un debate que  se haga cargo de la siguiente pregunta de investigación: ¿es posible compatibilizar la toma de decisiones a la luz de los expertos en el nivel estatal con la teoría democrática?

 

                                    Por cierto, esta pregunta es más general, de lo que este artículo pretende abarcar, no obstante orienta el desarrollo del programa de investigación en el que se insertan estas reflexiones.